El desprecio por lo público del Frente Amplio y sus dirigentes (Mujica, Cosse, Orsi, Bergara, Sendic, Charles Carrera…)

“Lo político por encima de lo jurídico”, es la enseñanza que Mujica, líder del MPP y de Charles Carrera, ha “legado” a los uruguayos y a la izquierda latinoamericana.
Cuando comenzó la carrera delictiva de Mujica en los años 60, ya demostraba ese profundo desprecio por las leyes y los bienes de los demás, robando bancos, empresas, remesas de salarios de trabajadores y secuestrando empresarios o diplomáticos para exigir rescates millonarios.
Días atrás, el programa Santo y Seña de canal 4 reveló el caso del joven baleado en La Paloma en el año 2012. La víctima acusó al Ministerio del Interior de tapar todo y comprar su silencio internándolo ilegalmente en el hospital policial.
Los hechos dicen que en noviembre de 2012 en La Paloma, Rocha, un joven de 27 años recibió un impacto de bala perdida que se alojó en la médula y lo dejó paralítico. Ese día, un policía del balneario festejaba su cumpleaños a unos metros de su casa. Víctor Hernández, quien recibió la bala, denunció que la misma provino del festejo de los policías.
Diez años después, el caso permanece sin una resolución.
El entonces Director Gral. del Ministerio del Interior, Charles Carrera, internó al herido, quien además era militante del MPP, en el Hospital Policial durante más de 3 años y brindó a su familia tickets de alimentación por $ 20.000 mensuales, a cambio del silencio sobre el hecho, según denunció la propia víctima.
¿A quién protegía Charles Carrera?
Pese a las notorias irregularidades y la presunción de delitos sobre la actuación del Ministerio del Interior en el caso, la plana mayor del frenteamplismo, aunque con algunas notorias ausencias, respaldó lo actuado por el actual Senador Charles Carrera en aquel momento. Ninguno se refirió al episodio policial en sí y a la ausencia de justicia en el caso. Nada dijo tampoco el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de la época, ni las organizaciones sociales que dicen ser defensoras de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia.
El propio intendente de Canelones y aspirante a candidato presidencial en 2024, Yamandú Orsi, también del MPP, salió en defensa de Carrera con un mensaje más parecido a un eslogan del canto popular que producto de un razonamiento serio y meditado: "No dudes compañero, estás en la senda correcta". Poco serio para un aspirante presidencial, ante tanta irregularidad y tanta oscuridad en un caso grave sin resolución judicial ni administrativa.
La actitud prepotente del actual Senador con el hermano de la víctima y su madre cuando se le reclamó por justicia, así como la utilización de los recursos públicos como si fueran propios, los insultos, las amenazas, la solicitud de no hablar, todo eso es pasado por alto por los dirigentes frenteamplistas que respaldan a Carrera. Como si no existiera nada irregular o condenable, al menos ética y moralmente.
Patética e impotente actitud de dirigentes políticos de izquierda que "se perciben" solidarios y empáticos.
La última en plegarse a los apoyos en favor de Carrera, ha sido la intendente de Montevideo, Carolina Cosse, otro ejemplo contundente del desprecio por los recursos públicos, durante su administración del dinero de todos.
Cientos de millones de U$S malgastados, sin controles ni transparencia, en la obra del ANTEL Arena, en las pautas publicitarias del Ente de las comunicaciones y en los contratos otorgados a dedo a una misma empresa por decenas de millones de U$S para la instalación de la fibra óptica.
Sin embargo, hace pocos días, cuando declaró como indagada por primera vez, ante el Fiscal Gilberto Rodríguez, Cosse se dio el lujo de decir que no sabía, ni recordaba si había visto un presupuesto del costo del complejo construido donde antes se erigía el Cilindro Municipal: “No lo sé, no lo recuerdo, pero debe estar”.
Precisamente sobre la demolición del Cilindro se conoció hace algunos días una carta del Ing. José M. Zorrillla, que desnuda situaciones con apariencia delictiva en torno a esa polémica decisión de las autoridades frentistas de la época. Dice el Ing. Zorrilla en un fragmento de esa carta a los lectores publicada en Búsqueda el pasado 4 de agosto: "era un crimen contra el patrimonio y la cultura el demoler el primer edificio en tensión sin columnas del mundo, que fue copiado en China y en el Madison Square Garden".
Pero, volvamos a ese desprecio por los recursos públicos y las leyes, de los dirigentes de la izquierda. Tardíamente, como si fuera producto de dudas o una conveniente “negociación”, Cosse dijo a la prensa el sábado 13 que respalda “totalmente” el accionar de Charles Carrera, al que calificó como “un gran compañero y senador”, como si esas supuestas cualidades tuvieran algo que ver con las denuncias que lo involucran.
Cosse aprovechó la entrevista sobre el tema para su causa y señaló que “lo otro, judicializar la política, es algo en lo que Uruguay está cayendo y no me parece bueno para la democracia”.
La concepción es indefendible. Ocultar la corrupción de los políticos o gobernantes nunca debe ser una característica de una república democrática.
Quizás Cosse, partidaria de las “democracias diferentes” de Cuba y Venezuela, no alcance a comprender el verdadero sentido de sus palabras.
Si no se judicializan los actos de gobernantes o políticos teñidos de irregularidades o presunta corrupción, ¿qué pretende? ¿Impunidad para la clase política? ¿O sólo para los políticos de izquierda? Porque es un hecho que sus compañeros del Frente Amplio, entre ellos su defendido y alabado Charles Carrera, han realizado denuncias ante la Fiscalía a figuras del actual gobierno.
Aparece entonces otra actitud recurrente de los dirigentes del Frente Amplio: el doble discurso o la doble vara para medir los acontecimientos políticos. Una frase tan tonta e inoportuna como la pronunciada por Raúl Sendic en un Congreso caribeño hace años, reveló para siempre la mentalidad predominante en la izquierda latinoamericana al respecto: "si es corrupto no es de izquierda, si es de izquierda no es corrupto".
La confirmación del desprecio absoluto por lo público y por el imperio de las leyes, a cargo de la izquierda latinoamericana.