Jorge Vázquez Rosas, quien fuera co-rresponsable de la Seguridad en el Uruguay, por haber sido Sub Secretario del Ministerio del Interior en tiempos del ministro Eduardo Bonomi (2010 – 2020), manifestó ante los micrófonos de 810 El Espectador, que no cree que, como afirma el Gobierno, los delitos haya disminuido en nuestro país, expresando que lo que seguramente haya disminuido son las denuncias y no los delitos, como si una cosa no tuviera relación con la otra. 

En realidad todo el Uruguay sabe que, justamente durante la administración de Jorge Vázquez, la gente confiaba tan poco en las autoridades que se había cansado de hacer denuncias y ese descrédito de la gente respecto de quienes eran responsables de la Seguridad en el país, tuvo como consecuencia una sensible baja en las denuncias por parte de las víctimas de la terrible inseguridad que se vivía en aquéllos años.

También todo el Uruguay se enteró del convenio “a la medida” que se firmó entre el Banco Hipotecario del Uruguay y la Junta Nacional de Drogas en el año 2009 cuando el Enfermero Universitario Jorge Vázquez era Pro Secretario de la Presidencia de la República y el número uno de dicha Junta.

Como se ha dicho fue un convenio a la medida o mejor dicho a la medida de las necesidades habitacionales de Jorge Vázquez, que por aquel entonces había decidido mudarse del barrio Pocitos al barrio de Carrasco y necesitaba el otorgamiento de un préstamo para la correspondiente operación.

¿Cómo fue preparado el marco normativo que resolviera la necesidad de vivienda de Jorge Vázquez?

El Poder Ejecutivo de la época encabezado por Tabaré Vázquez Rosas, a través del dictado del Dec.967 de julio del año 2009, preparó el terreno para que la Junta Nacional de Drogas, a cargo de su hermano el Pro-Secretario Jorge Vázquez, pudiera celebrar convenios con organismos de crédito para la adquisición de viviendas.

Es así que el segundo paso en la maniobra que posibilitara la adquisición de una vivienda por parte de Jorge Vázquez, fue que la Junta Nacional de Drogas, a su cargo, firmara el 3 de agosto de dicho año un Convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, con el objeto de “acordar un marco de cooperación entre las referidas instituciones a los efectos de disponer de viviendas adecuadas y seguras para el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos y sus respectivos núcleos familiares, en aquellos casos en que, por razones de fundada seguridad, esté justificada la necesidad de cambio de domicilio” .

De esta forma Jorge Vázquez ya se aseguraba un préstamo con consideraciones excepcionales, puesto que, entre otras cosas, según fuentes de confidencial.uy, no le fueron exigidas las condiciones que responden al estado de salud del prestatario así como tampoco el tope de edad, lo que determinó que el BHU otorgara un préstamo a una persona que lo terminaría de pagar a una edad de mas de 95 años, cosa absolutamente imposible para los clientes comunes de la institución bancaria.

Dicho convenio fue reglamentado por el Banco Hipotecario del Uruguay con fecha 23 de setiembre de 2009.

Según fuentes de confidencial.uy, la escritura de préstamo hipotecario otorgado a Jorge Vázquez, por decenas de miles de dólares para la adquisición de una casa en Carrasco a escasos metros de la Rambla República de México, fue otorgada el 13 de noviembre del mismo año 2009, prácticamente tres meses después de la celebración del Convenio entre la JND y el BHU y unos 50 días después de que dicho banco reglamentara la línea de crédito correspondiente.

Quien tenga una mínima noción del tiempo que insume la búsqueda de una vivienda, la firma de los documentos preliminares así como la tramitación de un crédito hipotecario en una institución bancaria, tiene claro que no dan los tiempos y que el negocio se comenzó a gestar antes de la firma del Convenio y que seguramente la primera persona beneficiaria del mismo fue el responsable de la Junta Nacional de Drogas, Jorge Vázquez.

En todo esto se cometió alguna ilegalidad? Bueno, descartando algún tipo de tráfico de influencias cosa prohibida en el Código de Etica de la función pública, seguramente no.

Pero la operativa realizada, tendiente a resolver un tema de vivienda para el hermano del presidente de la República del momento y encargado de la repartición beneficiaria del convenio para adquisición de viviendas, es realmente una inmoralidad. 

Determina un concepto de “uso y abuso” del Estado absolutamente inaceptable, principalmente de parte de quienes accedieron al Poder, justamente quejándose y condenando este tipo de prácticas corruptas.

Hoy la ciudadanía observa con asombro cómo los jerarcas del Frente Amplio manejaron el Estado a su antojo. Como prácticamente se “adueñaron de la Administración”, como si realmente fuera de ellos, haciéndole honor a la famosa y lamentable frase de José Mujica de que “lo político está por encima de lo jurídico”