Los reguladores estatales acarician la idea integrar a la economía financiera una versión estatal de las monedas digitales.
El Banco Central Europeo dijo en mayo que las criptomonedas no valen nada, excepto cuando la institución instale el euro digital o criptoeuro.
La FED (banco central de Estados Unidos) ya opinó también que papel jugará el dólar frente a las divisas digitales.
Algo en esa línea se abordó en algunas exposiciones del Foro de Davos (WEF, en inglés) de este año, y se sabe que cuando un tema de este tenor recala en ese ámbito, es porque se está en vísperas de implementar el proyecto.
Pero mientras mientras se diseñan los pasos en esa nueva estrategia, algunos gobiernos preparan chicanas que empantanen el proceso para acompasar sus propios tiempos.
De hecho, la administración Biden está tomando cartas en el asunto.
En las últimas semanas se supo que la Casa Blanca está elaborando una serie de recomendaciones políticas para abordar las cuestiones medioambientales en torno a las criptomonedas.
Sabido es que ya se han levantado voces sobre el impacto ambiental sobre lo que se llama “minería de criptomonedas”.
Este es un proceso mediante el cual los “mineros” utilizan la potencia informática necesaria para verificar transacciones de Bitcoin y agregarlas a la blockchain y así obtener recompensas en criptomonedas.
Se llama “mineros” a las personas o empresas que mantienen y auditan la red blockchain que soporta la criptomoneda.
Al completar los "bloques" de transacciones ya verificadas, se añaden a la blockchain y cuando esto ocurre, el operador (minero)  es recompensado en Bitcoin.
Por si fuera poco, para fines de año el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Suiza), que establece la doxa para los bancos centrales del mundo, anunció que publicará directrices sobre criptomonedas.
Y el resto del mundo no se queda atrás.
El gobierno del Japón aprobó un marco legal para las stablecoins (criptomonedas con anclaje en algún patrón estable), el Reino Unido aprobó su propia normativa sobre stablecoins, y Corea del Sur estableció un comité de supervisión de criptomonedas para proteger a los inversores.
Sobre el tema se ha pronunciado el gobierno de la India, que se niega a su legalización, mientras que en El Salvador el gobierno el Bitcoin es una divisa legal para las transacciones corrientes.