Ya hace mucho tiempo que la Fiscalía General de la Nación (FGN), ha recibido varios cuestionamientos, pero particularmente en este año se ha posicionado en el “Ojo de la Tormenta”.

     El presente año se inicia con un episodio, recordado por todos, que no dejó para nada bien parada a la FGN en general, ni al Fiscal General Subrogante Juan Gómez.

     El episodio al que nos referimos es el allanamiento de la emisora Azul FM y del domicilio del periodista Ignacio Alvarez solicitado por la Fiscal Alfaro en el caso de la denuncia de violación colectiva de “El Cordón”. El objeto del allanamiento era el secuestro del teléfono móvil del periodista, así como computadoras y soportes magnéticos que tuvieran relación con el programa “La Pecera”.

      La diligencia de allanamiento fue llevada a cabo en la emisora pero, la relativa al domicilio de Alvarez, no pudo efectivizarse en virtud de que éste no se encontraba en su domicilio.

     Respecto del caso la Asociación de Abogados Penales del Uruguay en un extenso y enjundioso comunicado expresó entre otros conceptos: “Las medidas dispuestas, independientemente del grado o estado de cumplimiento, constituyen una amenaza inadmisible para la actividad periodística...” “Los operadores del sistema penal están para aplicar la ley...No para militar en favor de distintas posturas o tendencias que pretenden desbalancear el proceso consagrando presunciones en favor de una parte o avasallando derechos esenciales...”

     El escándalo que generó la violación de elementales normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, por parte de la medida solicitada por la fiscal y decretada por la juez del caso, fue de tal magnitud que ameritó que el Fiscal Gómez se viera obligado a convocar a una conferencia de prensa para explicar lo inexplicable.

     Gómez, en dicha conferencia trató de justificar lo injustificable y la argumentación que dio respecto de la conducta de la fiscal Alfaro, para cualquier instructor sumarial, podían ser perfectamente la fundamentación para un procedimiento disciplinario.

     Pero lejos de eso, de la alocución de Gómez solo surgieron elogios para el celo que había demostrado en su trabajo. Verdaderamente: una Conferencia de Prensa para el olvido.

     Otro caso sonado, la famosa “Operación Océano”, caso en el que actuó la fiscal Darviña Viera, ha tenido resultados de los que surgieron grandes críticas relacionadas al proceder de esta fiscal.

     En los últimos tiempos, otro episodio que puso en el candelero a la FGN, ha sido el diferendo que se dio entre el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias y el fiscal General Gómez. Todo comenzó con aquél archivo de unos 300 casos, por parte de Iglesias, a los días de haberse hecho cargo de dicha fiscalía. Iglesias justificó el archivo expresando que la amplia mayoría de los casos tenían más de dos años sin ser consultados, sin ser abiertos para ver en qué estaban. Que las investigaciones no se podían continuar porque no se pudo encontrar a los testigos o a las víctimas, o se perdió la evidencia.

     El archivo de estos expedientes, generó malestar en la Intersocial Femenina. Representantes de esta organización, como se recordará, se reunió con el Fiscal General Gómez, expresándole su desacuerdo y preocupación respecto de lo hecho por el fiscal Iglesias.

     La reacción de Gómez no se hizo esperar y a diferencia de la postura conciliadora y de espíritu de cuerpo, demostrada por él en los casos anteriores, dispone se investigue lo actuado por Iglesias, encargando dicha investigación al Departamento de Políticas Públicas. A cargo del  Politólogo Sebastián Pereyra, persona que ocupara altos cargos de responsabilidad en el MIDES, en los tres gobiernos anteriores del Frente Amplio como surge de la web de la propia FGN.

     Enterado Iglesias de la investigación acusó a Gómez de violar su independencia técnica y solicita públicamente la intervención del sistema político.

     En la esfera política, este hecho generó reacciones. El diputado Gustavo Zubía en su cuenta de Twitter, refiriéndose al fiscal Iglesias expresaba: “...nunca fue un bien mandado”, haciendo referencia a su independencia técnica, dando a entender por dónde viene el problema con Gómez. Asimismo Zubía ha expresado inequívocamente la necesidad de modificar la legislación relativa a la FGN, propiciando la creación de un órgano colegiado.

     La Senadora Bianchi en su cuenta de Twitter, en aquel entonces, también comentó sobre el asunto expresando que “Debemos defender la independencia de los magistrados y esto se hace hablando claro.....Porque el que calla otorga” y adjunta una misiva enviada por la Asociación de Abogados Penales del Uruguay respecto del tema, en la que expresan su preocupación que la presión ejercida por distintas organizaciones, grupos de presión y operadores, habrían determinado la investigación a un fiscal, lesionando su independencia técnica.

     En otro tweet, la senadora Bianchi expresa que: “Aceptemos que así no se puede continuar. No se soluciona con acuerdos políticos sobre nombres. Se necesita un cambio institucional en forma urgente”, haciendo referencia a la necesidad de una modificación legislativa respecto de la FGN.

     Sobre el tema también opinó en su oportunidad el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, indicando que el fiscal Raúl Iglesias es una persona que aplica el derecho y la justicia, negándose a “cobrar al grito”, como pretenden los partidarios de la Ideología de Género.

Luego de esto el Fiscal Juan Gómez resolvió la instrucción de un sumario administrativo al fiscal Raúl Iglesias, inaugurando en este caso una nueva actitud, puesto que en los casos que detallamos anteriormente donde la acción de fiscales fue comprobadamente incorrecta, no se hizo nada.

Dicho sumario ya fue instruido y las conclusiones de la instructora sumarial prácticamente son un calco de las acusaciones realizadas por la defensa de la presunta víctima de la violación del Cordón así como de las manifestaciones críticas de la Intersocial Feminista y de las consideraciones previas a la instrucción efectuadas públicamente por el Fiscal Juan Gómez. Todo hace pensar que una vez que Fiscalía resuelva el expediente sumarial el Fiscal Raúl Iglesias se pondrá a redactar el recurso correspondiente a la resolución que le aplique las sanciones. Lo que nos recuerda el título de aquella célebre obra literaria “Crónica de una muerte anunciada”.

También la Fiscalía causó asombro con las argumentaciones dadas por el fiscal Gilberto Rodríguez Olivar cuando archivó la indagatoria de Lilián Kechichián y Benjamín Liberoff denunciados por presuntos delitos cometidos en sus cargos del Ministerio de Turismo de administraciones anteriores, en donde básicamente entendió que se debía archivar el caso y no seguir investigando porque los indagados cuando desarrollaron las conductas cuestionadas no lo hicieron con conciencia de estar cometiendo un delito. Dictamen que seguramente habrá sido recibido con gran alegría por parte de su ex jefe el Fiscal Jorge Díaz, quien representaba como abogado a la ex ministro Kechichián. 

En las últimas horas también la Fiscalía General de la Nación ha sido noticia, pero esta vez por un Comunicado efectuado respeto de manifestaciones realizadas por el Senador Jorge Gandini. Manifestaciones que podemos decir que son la conclusión lógica de lo evidenciado entre otras cosas, por hechos como los que en esta nota se han relacionado. 

Ahora llega a la redacción de confidencial.uy, una denuncia efectuada por la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, en la que dan cuenta de que varios fiscales fundamentan solicitudes de Prisión preventiva en el supuesto poder adquisitivo del imputado y el hecho de contar con abogados particulares de cierto prestigio, lo que ataca en forma directa el ejercicio de la profesión de abogado. 

Lo denunciado por la Asociación es de una gravedad tal que pone en cuestión hasta lo dispuesto por el propio Código de Proceso Penal, en cuanto consagra el derecho del imputado de “designar libremente el defensor de su confianza”. 

Enterados los indagados de este criterio arbitrario de fiscales,  que para el caso de que sean formalizados no podrán escapar a la prisión preventiva en el caso de contar con un abogado de prestigio, obviamente este hecho condicionará la elección de su profesional, coartándole su libertad de elección como lo establece la ley.

Como bien expresa la Asociación en su denuncia  la amenaza, de hecho, efectuada por ciertos fiscales, de consecuencias perjudiciales a los justiciables por contratar defensores particulares es algo que debe cesar.

Obviamente esta conducta desarrollada por algunos fiscales, se fundamenta en un resentimiento y prejuicio social que no se compadece con quienes tiene la tarea nada menos que de acusar o no en materia penal. Así como también evidencia una mediocridad técnica digna de ser sancionada.

Esperamos que el Fiscal Juan Gómez que en los últimos días ha sido tan afecto a los Comunicados, esta vez nos sorprenda con uno en el que dé cuenta que ha tomado las medidas correctivas dentro de la Fiscalía, para que todo ciudadana que pase por sus dependencias en carácter de indagado pueda ejercer libremente su derecho de elegir al abogado de su confianza sin verse sujeto a presiones y amenazas de funcionarios que están bajo su mando y responsabilidad.