Este lunes 17, la Junta de Transparencia y Ética Pública contestó al oficio enviado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno respecto a la prórroga de la concesión a Terminal Cuenca del Plata S.A. en el Puerto de Montevideo.

El informe es lapidario para las aspiraciones de los denunciantes, el senador Charles Carrera (MLN) y sus compañeros de bancada.

En el mismo, la JUTEP deja en claro algunos aspectos muy importantes que contradicen la denuncia de los integrantes del MLN, apoyados por el resto de los sectores del Frente Amplio.

Por ejemplo en el Considerando 12 y siguientes:

"Que hubo precedentes que rodearon y definieron el comportamiento del Presidente de la Administración Nacional de Puertos:

12.1) que el 15 de octubre de 2019 las compañías Katoen Natie Group notificaron la existencia de un diferendo con el Estado por una cuantía estimada de U$S 1.500.000.000 (unos mil quinientos millones de dólares estadounidenses), a partir de dicha notificación, el gobierno de la República Oriental del Uruguay acordó con KNG la celebración de reuniones amistosas confidenciales.

12.2) que las partes aceptaron recíprocamente respetar la confidencialidad siendo un principio y una práctica internacional en materia de solución de divergencias generadas, a partir de TBI (Tratado Bilateral de Inversiones), encaminada a salvaguardar la información compartida por las partes en la tentativa de lograr un acuerdo amistoso.

12.3) que como ya se aludió el compromiso de negociar de buena fe incluye la obligación de respetar la confidencialidad de las querellas y documentos intercambiados.

12.4) que la Fiscalía convocó como testigo al Dr. Miguel Angel Toma.

12.5) que el mencionado testigo tuvo a su cargo la defensa de los arbitrajes internacionales contra Uruguay, en el período en el que actuó como Secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay durante el primer y segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.

12.6) que en el minuto 20.40 de su declaración mencionó que cuando convocó a los representantes de KNG impuso las reglas para las conversaciones amigables, que eran las que defendía la anterior administración a saber: la buena fe, la confidencialidad y la abstención."

Del fragmento transcripto del informe de la JUTEP surge con claridad que la negociación por el litigio anunciado por la empresa belga Katoen Natie, dueña del 80% de Terminal Cuenca del Plata S.A. (el otro 20 % es del Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos), se inicia en el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, y por decisiones adoptadas por la ANP de dicho gobierno y el Poder Ejecutivo de esa época, que según la empresa la afectaron en su funcionamiento comercial y violaron lo establecido en el contrato de concesión y las normas vinculadas.

Lo cual reafirma lo dicho por el actual gobierno en cuanto a la necesidad de llegar a un acuerdo con la empresa para evitar un juicio difícilmente ganable en tribunales internacionales, con un reclamo de la empresa por 1.500.000.000 de dólares.

El Secretario de la Presidencia en octubre de 2019, Dr. Miguel Angel Toma, fue quien inició dichas negociaciones en nombre del Estado uruguayo y encomendado por el entonces presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez.

Así lo ratificó el Dr. Toma en la sede de la Fiscalía.

En su parte final el informe de JUTEP deja en claro que no existieron actos contrarios a las leyes, la buena administración y la ética pública en la prórroga de la concesión a TCP S.A.

Por el contrario todas las fuentes consultadas por confidencialuy sostienen que el gobierno se adelantó a solucionar un serio problema que heredó en el puerto de Montevideo, por las violaciones sistemáticas de la ANP de la anterior administración al contrato de concesión existente desde 2001 y a la propia Ley de Puertos de 1992, en beneficio de la empresa Montecon, a través de "interminables" permisos precarios para trabajar en el puerto público, en detrimento de la terminal especializada de contenedores.

Los Considerandos finales del informe de la JUTEP expresan lo siguiente:

"24) que evacuando la Solicitud Fiscal de examinar si alguno de los denunciados ha incurrido en violación a preceptos establecidos en el Código de Ética, esta Junta entiende que las decisiones y el acuerdo referido del 25 de febrero de 2022, fueron decisiones de oportunidad y mérito alcanzadas por los jerarcas en el ejercicio legítimo de la potestad y al mismo tiempo, identificándose claramente los motivos en que se fundamentan dichas decisiones. No existiendo actos contrarios a la buena administración, siendo análogo a la eficiencia y eficacia mencionada supra.

25) que la actuación de los jerarcas no implica transgresión a las leyes, ni a los principios contenidos en las normas de la administración y Ética Pública."