El problema de la desfinanciación de los organismos de previsión social tiene larga data. Baste tomar como ejemplo un texto de finales del siglo XIX: “El Estado (…) queriéndose mostrar previsor hasta para aquellos de sus empleados que no lo serían, les obliga a ahorrar mensualmente una parte de su sueldo (obrando como) caja de ahorros. Se propone ser previsor por cuenta ajena y comete un abuso (…) el proceder natural sería pagar al empleado su sueldo íntegro…”. El autor de esas líneas se llamó José Pedro Varela. De ahí a la fecha, ha corrido mucha agua bajo los puentes. Tal vez sea un poco tarde para seguir el consejo vareliano. Las consideraciones del Reformador eran de índole moral. La idea era que cada uno fuera responsable de administrar sus recursos. Pero, además, veía con claridad lo que iba a suceder. Lo que ocurrió después ya se sabe: un sistema de jubilaciones y pensiones no puede mantenerse sin una adecuada relación entre activos y pasivos. Y las personas, por lo menos en el Uruguay, viven muchos más años que en la época del malogrado Varela. “Viven demasiado” (como parece que nunca dijo Mme. Lagarde). Cuál es la solución no lo sé. No creo que deba procederse como en la novela de Bioy Diario de la guerra del cerdo y salir a matar viejos. O desatar periódicas oleadas pandémicas. Los sistemas de previsión tambalean, de modo que “es necesario combinar aumentos de la edad de jubilación (obligatoria o voluntaria) y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras”, dice el FMI en 2012. Circula en redes sociales un audio del senador Manini Ríos donde afirma que las reformas sustanciales del proyecto en curso empezarían a regir en 2033. Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿No hay otros temas más urgentes que tratar? ¿Hay que dar una señal al FMI? ¿Es necesario perder las próximas elecciones a manos del FA? Pueden pasar dos cosas: que la Coalición Republicana se mantenga en el gobierno o que gane el FA. Si se aprueba la ley ahora, no hay garantías de que el FA no la derogue como hizo con la dos veces ratificada por el pueblo Ley de Caducidad. O que la mantenga, porque el costo político ya fue asumido por el gobierno actual. En suma, un negocio de pierde-pierde. Ese proyecto no se puede votar.