El lunes 7 de noviembre el senador Jorge Gandini entregó a la Presidente de la Cámara Alta, Beatriz Argimón, la solicitud de formar una Comisión Investigadora Parlamentaria “que analice, valores y se pronuncie en relación a las múltiples irregularidades ocurridas durante la gestión del hoy senador de la República, Charles Carrera, en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior” durante el período que va de 2010 a 2017.
Motivó el pedido de la Investigadora la sucesión de conductas de apariencia delictiva que podrían tipificar delitos sancionados por el Código Penal, la comisión de actos de corrupción, y de acciones reñidas con las normas legales de ética de un funcionario público de la jerarquía que tuvo Carrera durante la gestión de Eduardo Bonomi.
Entre las acusaciones figura el uso irregular del Hospital Policial por disposición del acusado, en beneficio ilegítimo de Víctor Hernández y su hermano Daniel.
Al primero de éstos, víctima de una herida invalidante de bala, se le internó en forma irregular en el Hospital Policial y para encubrir el dolo luego se le registró de modo falso por orden suya con el cargo de Oficial Sub Ayudante, lo que le permitió hacerle beneficiario de las prestaciones sanitarias que recibió por el tratamiento posterior a su herida.
Entre los beneficios a los que accedió por esa condición, figuran la concesión de hospedaje hospitalario durante más de tres años, tiempo durante el cual se le realizaron tratamientos, interconsultas, entrega de medicamentos, e intervenciones quirúrgicas, todas las cuales fueron gratuitas.
El pedido de formalizar la Investigadora señaló además que a Víctor Hernández le fue entregado por orden de Carrera un dinero equivalente al salario de un agente policial con fondos del Ministerio del Interior, desviando de modo ilegal dineros de la Canasta de Fin de Año para los policías.
El pedido también menciona la entrega mensual de tickets alimentación por un valor de $ 20.000, durante todo el tiempo de internación. 
“El propio senador (Carrera) ha reconocido públicamente el pago de los tickets alimentación, justificándolo en razones de solidaridad, humanitarias y de índole política”, indicó el documento.
Se incluyó además el uso irregular de vehículos oficiales y de emergencia móvil para el afectado, y la incitacion de Daniel Hernández y su madre a realizar acciones legales para resarcirse con patrimonio del Estado.
Informa también la realización de este pedido el hecho de que esta semana prescribe luego de 10 años sin resultados en la investigación policial, de la acusación penal por lesiones gravísimas a Víctor Hernández a consecuencia del balazo que lo dejara lisiado, proveniente de la finca policial del comisario del balneario rochense La Paloma.
En noviembre de 2012 se realizó una fiesta en la casa del Sub Comisario Marcos Martínez, festejando su cumpleaños.
De esa casa, contigua a la Seccional 11 de La Paloma, partió el disparo que dejó paralítico a Víctor Hernández y que motivó todo este escándalo.
En el programa “Santo y Seña” donde Víctor y Daniel Hernández testimoniaron sobre este drama, los hermanos dijeron que eran militantes del MPP (Frente Amplio), del mismo sector político de Charles Carrera.
En la solicitud se estimó que el daño económico provocado al Estado por las decisiones tomadas por Carrera rondarían en el entorno de US$ 260.000.