El caso Kechichián-Liberoff ha tomado un nuevo curso. En efecto como ya informara confidencial.uy en notas anteriores los ex jerarcas frenteamplistas fueron denunciados penalmente por la presunta comisión de delitos cometidos en el Ministerio de Turismo cuando se desempeñaban al frente del mismo.

El Fiscal Gilberto Rodríguez, sin perjuicio de entender que dicha actuación en lo que refiere a los temas puestos en cuestión, estuvo plagada de irregularidades administrativas, dispuso el archivo de las actuaciones básicamente porque los indagados, en su actuación, no habían actuado con conciencia de estar cometiendo un delito.

El abogado denunciante Pablo López Gamio, al amparo de lo dispuesto en el Art. 98 del CPP, solicitó que se revisaran las actuaciones en virtud de entender que del expediente surgían claramente elementos que indicaban la posibilidad cierta de haberse cometido delito por los indagados.

De acuerdo con dicha norma legal y en audiencia correspondiente, la Jueza dispuso el re examen del expediente por parte del fiscal subrogante, siendo en el caso el fiscal Ricardo Lackner quien deberá reexaminar el expediente para determinar si se sigue adelante con la indagatoria o archiva definitivamente el expediente.

En las últimas horas el denunciante Pablo López Gamio, ha presentado ante el fiscal Lackner, un escrito de ampliación de denuncia respecto de los ex jerarcas indagados.

En dicho escrito de ampliación de denuncia, en primer término López Gamio contradice lo dicho por el fiscal Gilberto Rodríguez en la audiencia en la que se dispuso el re examen de las actuaciones, en cuanto a que “"...Fiscalía no contó con el acompañamiento de su consorte natural, el denunciante.." En efecto, el denunciante manifiesta que “Esto no es cierto ya que tan solo se registraron dos llamadas en mi chip de ANTEL, a casi un año de presentada la denuncia, lapso durante el cual no he recibido un solo mensaje, y se me llamó ya encontrándome en España, donde por temas de eficiencia debo desconectar el ROAMING de ANTEL, no habiendo recibido por parte de Fiscalía un solo mensaje de solicitud vía WAPP, SMS, email ni por otro medio. Este litisconsorte no hubiera tenido ningún problema en colaborar con la investigación y análisis de cada expediente.”

Por otra parte el denunciante insiste en que los indagados, ante las observaciones del Tribunal de Cuentas reiteraron el gasto sin la debida justificación exigida por nuestro Ordenamiento Jurídico, lo que determina la configuración del delito de Abuso de Funciones. Y respecto de este tema en la ampliación de denuncia presentada expresa: “Utilizar “argumentos" como que una empresa es buena, o que ya ha trabajado bien, lo que para el Fiscal Gilberto Rodríguez es un argumento válido, para nosotros es "fraude de ley", una argucia para no cumplir con la normativa vigente y evitar la libre concurrencia y la libre competencia que exige el TOCAF. Tal conducta repetida con distintas contrataciones por millones de pesos, configura el delito de abuso de funciones en reiteración real.”

En otra parte del escrito de ampliación de denuncia, al que ha accedido confidencial.uy , López Gamio expresa: “Lo que repitió la Senadora Kechichián en todos los medios: " Las compras directas se pueden hacer, solo hay que argumentar". Esto no es cierto, no hay que argumentar, hay que justificar, art. 211b de la Constitución y art. 33 del TOCAF y la diferencia entre ambas palabras es lo que diferencia la argucia de lo justo.” “...el criterio que utiliza el Fiscal Rodríguez, al menos para el caso de Kechichián a diferencia del de Germán Cardozo (que ni siquiera reiteró el gasto), es que adjudicar en forma directa compras millonarias sin justificar el gasto, aún con la observación del Tribunal de Cuentas (lo cual tiene "visos de mal derecho"), no entra dentro de la política criminal, por lo cual la política criminal de esa fiscalía elude e impide perseguir posibles casos de corrupción.”

Se pagaron casi U$S 800.000 sin la debida retención de impuestos

López Gamio denuncia que el Ministerio de Kechichián y Liberoff facturó casi 800 mil dólares para SAFER LCC o el GRUPO DE ROMA como dice El semanario

BUSQUEDA en informe publicado al respecto; sin haberse cumplido con el deber de retener el IVA y el IRPNR (Impuesto a la Renta de las personas no residentes) que es obligatorio de acuerdo con el decreto 220/998 y ART 21 DEL DECRETO 149/007, se presentan dos consultas de DGI que aclaran sobre la obligación para los agentes de retención.

Asimismo y respecto de este tema en la ampliación de la denuncia se menciona al Sr. Ignacio Currás como la persona que de una manera u otra tuvo intervención en cada una de los pagos a la empresa SAFER LCC.

En consecuencia se solicita a fiscalía se recabe el testimonio del Sr Ignacio Currás, presunto director de PUBLIWISE, de Yauix, de Mec Global.com, de

Headway digital.com, (empresas participantes en las licitaciones que se presentan arriba) y posible propietario o testaferro de SEFER LCC.

Ignacio Currás y su afinidad política e ideológica

Respecto del Sr. Currás, en la ampliación de denuncia se expresa: que se agregan “Fotos del Facebook del SR. Ignacio Currás, quien se embandera con una supuesta causa política como foto de su perfil principal de una forma exagerada. Algo incomprensible con quien intenta vender publicidad a todo el espectro social y político de un país.

También se solicita se recoja el testimonio del ex Director de Turismo Pérez Banchero, manifestando que: “Pérez Banchero parece haber intentado imponer y defender la trama de ese "GRUPO DE ROMA" ya existente desde 2015 como lo prueban los expedientes, oponiéndose al intento del Ministro Germán Cardozo de contratar a empresas de publicidad distintas a la "asociación para delinquir" denunciada por el semanario . PEREZ BANCHERO debería explicar qué relación tiene con esas otras empresas "inexistentes" y porqué denunció como irregularidad una empresa extranjera dudosa pero existente (KIRMA), inscripta en por lo menos tres países, y con actividad publicitaria probada, lo que suena extraño, teniendo conocimiento de esa interminable "calesita" donde jugaron con denominaciones y razones sociales de forma más que sospechosa y desviaron casi 800 mil dólares.

Finalmente López Gamio  solicita se recoja el testimonio del diputado Juan Martín Rodríguez por ser experto y conocedor del tema al haber trabajado en forma profunda en el caso y quien descubrió el desvío de los 800 mil USD, hacia la off shore SEFER LCC. como se muestra en la declaración que diera en el parlamento cuya pagina se presenta. Cámara de Diputados.

Palabras del Diputado Juan Marín Rodríguez:

En último término el denunciante Pablo López Gamio solicita a la Fiscalía “Que se haga un estudio profundo de esta posible trama como lo denuncia el semanario BUSQUEDA en la que habría además de abuso de funciones, el delito de fraude del art. 160 del Código Penal y también el delito de lavado de activos según la ley 19574, art. 34 numeral 16 además del delito de asociación para delinquir del art 150 del Código Penal.