En los últimos días en el Parlamento Nacional fue realizado un Homenaje a las llamadas “Muchachas de Abril”, tres terroristas tupamaras que murieron “en su ley” en un enfrentamiento con efectivos de las FF.AA. en los años setenta. Enfrentamiento en el que también falleció un militar y otro fue herido.

Dicho Homenaje fue llevado a cabo en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia que exorbita las competencias de dicha Corte, de acuerdo con el Tratado por la que fue creada. Sentencia que es una bofetada a nuestro Orden Jurídico y a nuestra soberanía, que solo pretende seguir abonando el falso relato que interesadamente ha elaborado la Izquierda uruguaya sobre el pasado reciente de la historia de nuestro país. Una sentencia que atropella a nuestra Soberanía Nacional.

El militar herido en dicho enfrentamiento fue el actual General (R) Rebollo, quien fuera procesado hace unos meses por su actuación en dicho enfrentamiento.

Corresponde precisar que el procesamiento del General (R)) Rebollo, fue a partir de un dictamen del fiscal de Lesa Humanidad Ricardo Percíbale. Dictamen plagado de inconsistencias antijurídicas y permeado ideológicamente. En fin, un dictamen que debería ser para el olvido en cualquier ámbito  académico medianamente serio.

Ahora bien ¿Cómo fue que se llegó a la realización de este juicio? En el que claramente no se persigue verdad ni justicia alguna, sino solamente una venganza que fortalece un Relato ideológicamente elaborado en beneficio político y económico de la Izquierda uruguaya en perjuicio de la verdad histórica y de la pacificación nacional.

Esta aberración jurídica, así como muchas otras dictadas anteriormente y de tenor similar, fue posible llevarlas a cabo en virtud de haber sido derogada la ley de la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por la mal llamada ley interpretativa de ésta.

Dicha ley interpretativa cuya aprobación fue exclusivamente con los votos del Frente Amplio, puesto que todos los legisladores de la oposición de ese momento votaron en contra.

Como lo expresáramos en notas anteriores, esta ley le pasó por encima a lo expresado por el pueblo uruguayo que en dos pronunciamientos populares, en forma directa y separados en el tiempo por 20 años,  votó porque la ley de Caducidad siguiera vigente como una herramienta de pasificación nacional.

En realidad la derogación de la ley de Caducidad por parte de su Ley Interpretativa, es la excusa que sirve para iniciar procesos penales por hechos que están prescriptos, no respetándose el principio jurídico de la no retroactividad de la ley penal, puesto que los delitos de Lesa Humanidad no existían en el momento de los enfrentamientos entre las fuerzas constitucionales del Estado uruguayo y los terroristas tupamaros.

El propio Tratado de Roma ratificado por Uruguay, establece la irretroactividad de dichos delitos, siendo la norma aplicable en estos casos.

Las preguntas que reiteradamente los votantes de la Coalición Republicana se hacen son las siguientes:

-         ¿El Gobierno que está encabezado por el Partido cuya divisa expresa “Defensor de las leyes”, no va a hacer nada al respecto?

-         ¿No va a defender los derechos de quienes en aras de la pasificación del país estuvieron de acuerdo con la ley de Amnistía a los terroristas tupamaros y con la Amnistía a los integrantes de las FF.AA., o sea con la ley de Caducidad?

-         ¿Nadie va a alzar la voz diciendo que se debe volver al estado en el que se respete los dos pronunciamientos del pueblo en las urnas a favor de la vigencia de la ley de Caducidad?

-         ¿Se va a seguir permitiendo, que a través de dictámenes fiscales y fallos judiciales que no respetan el Orden Jurídico, se siga abonando un relato falso de la historia reciente de nuestro país?

-         En definitiva: ¿Se va a mantener vigente la ley que derogó la ley de Caducidad?

Resulta realmente imposible pensar que dirigentes políticos de gran prestigio, que fundamentaron su voto en contra de la derogación de la ley de Caducidad, con encendidas y fundamentadas intervenciones parlamentarias, hoy, si se les presenta un proyecto para derogar dicha ley Interpretativa, votaran en contra u opinaran que es inconveniente que se derogue aquella ley que no votaron y que tanto criticaron.

La totalidad de legisladores de la oposición de aquella época votó en contra de la derogación de la ley de Caducidad. Dirigentes políticos que hoy continúan siendo legisladores e incluso líderes de agrupaciones políticas ¿Alguno de ellos no votaría que se derogare aquella ley que tanto criticaron en su proceso de elaboración?

Definitivamente no creemos que en aquella oportunidad, desde la oposición “gritaban en la Pulpería” y hoy desde el oficialismo “Callen en la Comisaría”

Por razones de espacio en esta nota no trascribiremos las expresiones de los legisladores de la oposición de aquella época, durante el tratamiento parlamentario y que surgen de los diarios de sesiones correspondientes del ambas Cámaras, cosa que haremos en notas posteriores a los efectos de ilustrar a los lectores.

Es imperioso que el Gobierno demuestre a sus votantes que no solo está atento a si se otorgan o no viviendas “a dedo”. También debe demostrar que le interesa la verdadera y sincera pacificación entre uruguayos evitando estos sucesos que solo dividen y encienden viejos rencores entre orientales.

Debe dar muestras de que también le importa la verdad histórica de nuestro pasado reciente, tergiversada deliberadamente con fines políticos, ideológicos y económicos por el Frente Amplio en su propio  beneficio.

También es necesario que se le demuestre a los votantes de la Coalición Republicana,  que al Gobierno le preocupa el cuidado del Orden Jurídico en todas las áreas y ámbitos, no solamente en las que no le genere conflictos con la Izquierda. Ejerciendo la Autoridad en TODO haciendo lo que haya que hacer para que se respete “in totum” nuestro Orden Jurídico.

El votante de la Coalición Republicana, entre otras cosas  también se pregunta ¿por qué el Gobierno no toma medidas para corregir inequidades como la que es objeto de esta nota, así como ni siguiera se auditan cómo fueron otorgadas las pensiones a los terroristas tupamaros. Si todos los que se beneficiaron realmente tenían derecho de acuerdo a la ley, o algunos de ellos se les otorgó el beneficio “a dedo” por una comisión integrada toda por “compañeros”?

¿Por qué razón hoy que se tienen las mayorías en el parlamento, no se vota una Comisión Investigadora que estudie los negociados con Venezuela, investigadora que fue propuesta desde la oposición durante gobiernos del Frente Amplio y que éste con sus mayorías impidió que se investigara?

En fin, el Gobierno debe demostrar con hechos a sus votantes que en todos estos temas y muchos otros, no hay lo que se dice vulgarmente un “Cambio de figuritas” con el Frente Amplio.