En una movida que está causando revuelo en los templos del monopolio estatal, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) autorizó ayer a cinco empresas de cable a que vendan el servicio de transmisión de datos, con lo que les abrió el juego al mercado de la internet.

La decisión rompe el más reciente monopolio estatal instalado en el país, ya que el manejo exclusivo de este recurso fue una disposición de la administración anterior.

La resolución llegó luego de que las empresas interesadas presentaran recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), solicitando que un artículo de la Ley de Medios que les prohíbe vender esos servicios, sea declarado inconstitucional.

La iniciativa del Gobierno apunta a que todas las empresas operadoras de cables, puedan ofrecer servicios de internet.

En paralelo, se analiza a nivel oficial "otras alternativas" a esa iniciativa, una de las cuáles podría ser la derogación total de la Ley de Medios, lo cual podría efectivizarse en la próxima Ley de Rendición de Cuentas.

La Ley de Medios es la ley 19.307, una norma legal aprobada en 2014 y promulgada por el gobierno frenteamplista de José Mujica, y reglamentada en junio de 2019 por el gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez.

En 2020, ya con el gobierno de a Coalición Republicana en funciones, se presentó en el Parlamento una iniciativa para modificarla y ahora existe la alternativa de derogarla en su totalidad, o de modificar el artículo 56 de la misma, que prohíbe de manera expresa a los cable operadores brindar el servicio de internet.

Esa disposición dice que "las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos", con lo que se efectiviza la prohibición, que de hecho consolidad el monopolio estatal en la prestación de internet.

La disposición autoriza a brindar ese servicio a las empresas Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield, éstas últimas prestadoras de servicio en Colonia y Pando.

Conocida la disposición, la intendente de Montevideo, Carolina Cosse, ex presidente de Antel e impulsora de incluir a los servicios de Internet en el monopolio estatal, salió al cruce diciendo que con la decisión se presencia "un vaciamiento de Antel" y calificó la medida de "antiapatriótica".

El tuit es un inmenso foro democrático de opiniones populares.

Conocidas esas explosivas declaraciones, el tuitero @burrosuy hizo un razonamiento irónico de como se califican las medidas, según el gobierno que las plantee.

"Cuando ellos privatizaron generación de electricidad con contratos leoninos y alguna empresa amiga, estaban "desarrollando la matriz energética" 

(...)

Cuando gastaron millones, con contratos a dedo en la instalación de fibra monopólica, desperdiciando la capacidad instalada y cobrando carísimo, estaban "democratizando internet" 

(...)

Cuando comprometieron el país a 20 años con una multinacional extractiva, en un contrato con anexos secretos que nos costará más de 5.000 millones de dólares, incluyendo un tren privado, estaban "generando trabajo"

(...)

La izquierda ha sido mucho peor que la derecha en privatización a dedo y a costos millonarios. Lo que tiene es mejor marketing".

Con estos hechos sobre la mesa, parece una verdad de a puño lo que advertía un amigo desencantado de la experiencia revolucionaria de los años 70, cuando dijo que la izquierda no es más que una mentira bien contada.