En Colombia, el relato histórico fabricado por grupos de izquierda o afines, tiene muchos puntos de contacto con el caso uruguayo, que ha sido "ejemplo" para grupos terroristas de la región. Ahora, el M-19, que realizó secuestros, robos y asesinatos en sus acciones guerrilleras, ha sido presentado con cierta “suavidad” por algunos medios, periodistas y analistas, y sus detractores acusan a operadores y comunicadores de mostrarlos como un grupo de "carmelitas descalzas".

En Uruguay ya se vivió ese proceso y recién 50 años después de los hechos, se ha comenzado a develar la verdadera historia de lo ocurrido en las décadas del 60 y 70, cuando en plena democracia, el MLN pretendió "hacer la revolución", con robos, secuestros y asesinatos de inocentes.

En Colombia, a fines de la década de 1970, el M-19 protagonizó varios secuestros y robos, entre ellos el del Cantón Norte del ejército en Bogotá, de donde sustrajeron más de 5.000 armas, aunque su mayor actividad delictiva fue en los años 80 con ataques armados, atentados y asesinatos.

En febrero de 1980 el M-19 asaltó la Embajada de la República Dominicana, donde se celebraba un cóctel con diplomáticos de varios países a los que tomaron de rehenes, entre ellos los de EEUU, Brasil, México y también el de Uruguay, Fernando Gómez Fyns, quien logró escapar en un descuido de sus captores.

Tras 61 días de negociaciones, los secuestradores del M-19 con 12 rehenes, como garantía y escudo para protegerse, fueron trasladados en un vuelo especial a Cuba, que usualmente acogía a los terroristas latinoamericanos y les daba entrenamiento militar.

Años después se produjo el hecho más trágico y sangriento que generó la acción del M-19. Fue el intento de toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, que tuvo como saldo más de 100 muertos y desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, tras el combate entre terroristas y el Ejército.

Hasta hoy existen incógnitas, desde que la toma fue pactada con el Cartel de drogas de Medellín para eliminar documentos incriminatorios (versión de ex miembros del Cartel que los terroristas negaron) hasta la supuesta connivencia con militares que habrían conocido el plan del M-19.

Desde fines de los 80, hubo negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, entre los gobiernos constitucionales de Colombia y el M-19. Finalmente, en 1990 se firmó dicho acuerdo. El primero en América Latina entre un Estado y un grupo terrorista que atentó contra las instituciones.

Los 10 puntos del acuerdo incluyeron, entre otras cosas, la renuncia a las armas del M-19 y su incorporación a la vida política del país bajo el nombre de Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Gustavo Petro fue uno de sus cofundadores.