Una denuncia de “presuntas y graves irregularidades” que el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) de la anterior administración frenteamplista “nunca procedió a investigar a fondo”, fue presentada a la Fiscalía General de la Nación.
En el escrito incriminatorio dos funcionarios del BPS, Luis Humberto Lisboa y otra persona cuyo identidad pidió reserva a Confidencial, señalaron que “a contramano de lo que es una actuación diligente y de conformidad a la normativa constitucional, legal y reglamentaria”, el Directorio del BPS de la etapa frenteamplista “tan solo se encargó de hostigar y perseguir a los comparecientes”, amén de “omitir cumplir con su obligación de llegar a la verdad de los hechos denunciados”.
La omisión estará relacionada con información que las autoridades del período de gobierno frenteamplista habrían ocultado revelar ante el requerimiento de la “Comisión Investigadora sobre la gestión de ASSE que desde el año 2008 hasta la fecha y la denominada estafa del FONASA”, creada en el Parlamento durante la anterior legislatura.
En julio de 2018 varios gerentes del BPS comparecieron ante dicha Comisión Investigadora y dijeron conocer la existencia de una auditoría interna, pero afirmaron desconocer “los resultados finales de los mismos”.
La auditoría realizada por la institución previsional en 2018, denunciaba irregularidades e inconsistencias en el sistema de afiliaciones del Fonasa, habló de “debilidades” en el proceso de afiliación mutual y aseveró que “BPS puede enfrentarse a un escenario de pérdidas financieras por el pago de cápitas a un generante y sus beneficiarios sin recibir los ingresos correspondientes por el pago de sus aportes”.
Dicho en otros términos: durante la administración frenteamplista el BPS habría pagado aportes a las mutualistas, por afiliados que no existían o que no pagaban sus compromisos sociales.
La información aportada por los mandos del BPS sobre la auditoría, fue considerada insuficiente por los denunciantes, lo que motivó que éstos realizaran por cuerda separada un pedido de acceso a la información pública, que obliga por ley a cualquier organismo público a brindar la información que se le pida.
Al final el texto de la auditoría relacionada con la llamada “estafa del Fonasa” apareció en 2020.
La auditoría entre otras cosas relevó casos de mutualistas que informaron la baja de determinados usuarios “y dicha baja no fue procesada por el BPS”, lo que implicaría que hubo personas que afiliaban trabajadores a determinadas mutualistas por fuera de la normativa legal, y cobros de afiliaciones por personas dadas de baja o inexistentes.
En la denuncia elevada a Fiscalía, se señaló que “en función de la organización y entramado de la maniobra de estafa al FONASA, es imposible que en su concreción no hayan participado funcionarios vinculados al organismo previsional”.
Hasta el presente, se dispusieron “varios procesamientos de personas ajenas al BPS, pero ninguno respecto a funcionarios del organismo con motivo de la estafa del FONASA”.
“Resulta absurdo que los datos e información que personas ajenas al organismo poseían para beneficiarse, no hayan sido proporcionados por personas vinculadas al mismo, atento a su calidad de información reservada”, añadiendo que el Directorio del BPS de la época del gobierno frenteamplista, “omitió intencionalmente a sabiendas de la existencia de hechos con apariencia delictiva, proporcionar información relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados que pudo determinar el enjuiciamiento de funcionarios pertenecientes al organismo involucrados en la referida estafa”.