La semana pasada, de las declaraciones que se generaron a raíz de las actuaciones celebradas en Fiscalía respecto del Puerto de Montevideo, no solo nos ilustraron respecto de la problemática del funcionamiento del puerto en sí mismo, sino que, una declaración en especial hizo encender algunas alarmas. Nos referimos concretamente a las efectuadas por el Presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, quien ante la recriminación efectuada por el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, en el sentido de si entiende que la situación de Montecon era ilegal e ilegítima, por qué lo dice ahora y no cuando integraba la ANP en la administración pasada en representación de la oposición.
El Presidente actual de la ANP, contestando los dichos de Charles Carrera expresó que a pesar de ser crítico sobre el régimen bajo el cual operaba Montecon en el puerto de Montevideo, siendo integrante del Directorio de la ANP, no se opuso por “lealtad institucional”.
La respuesta de Juan Curbelo, en este caso, lo único bueno que tiene al tenor de lo que expresó, es que fue espontánea. La diríamos sin pensarla demasiado. Porque de haberlo hecho, seguramente la respuesta hubiere sido otra.
¿Es posible que por “lealtad institucional” un miembro de un Directorio en representación de la oposición, ante 48 prórrogas consecutivas e ininterrumpidas, de un permiso “precario”, ni una sola vez, haya efectuado una observación, o mejor dicho una denuncia?
¿Es posible que por “lealtad Institucional” se permita que se perjudique a la Institución, haciendo la “vista gorda” cuando a una empresa se le cobra la tarifa más baja existente (la de Almacenamiento), cuando la empresa desarrollaba tareas que correspondían a tarifas de mayor valor?
Realmente asombra que, ante tales “irregularidades” que hoy se las denomina “ilegales e ilegítimas”, haya prevalecido la “lealtad Institucional” y no la lealtad hacia los intereses de todos los uruguayos.
Este caso puntual en el que se evidencia una falta de control adecuado. Un no cumplimiento del principal objetivo de la función de un miembro de la minoría en un Directorio de carácter colegiado, no hace otra cosa que evidenciar algo que en administraciones anteriores era no muy raro que pasara.
Jerarcas que fueron nombrados por la oposición con el cometido, entre otros, de fiscalizar la actuación de las mayorías oficialistas, en los hechos hicieron la plancha, lo que determinó que su paso por el Organismo fuera con poca “Gloria”, pero con nada de “Pena”.
Quienes adoptaron esta actitud irresponsable, en el mejor de los casos, se limitaron a colaborar con las mayorías en la gestión de los Organismos y en esa colaboración evitaron todo tipo de conflicto o choque, tanto con sus compañeros de Directorio representantes de la mayoría como con los dirigentes gremiales.
Lo que pase con Juan Curbelo de aquí en más es cuestión del Gobrno.
Seguramente, en las actuales circunstancias, el Gobierno evaluará muchos extremos y adoptará la medida políticamente más conveniente.
De todo esto hay que aprender que a quienes sean designados para ocupar cargos en la Administración, no solo hay que pedirles idoneidad y honestidad.
También hay que exigirles responsabilidad, lealtad y compromiso.