El jueves 7 el juez Alejandro Recarey Mastrang antepuso al Ministerio de Salud Pública (MSP) una Pretensión de Amparo ordenando la “suspensión inmediata de las vacunaciones contra el SARSCV 2 (Covid 19), a niños (menores de 13 años de edad)”.
El ministro Daniel Salinas dijo a Confidencial.uy que la resolución de fue acatada de inmediato y ayer mismo se suspendieron las inoculaciones programadas para la fecha, pero adelantó que el MSP recurrirá a la resolución.
Recarey fue un magistrado que se negó a cumplir lo dispuesto por el Poder Judicial durante la emergencia sanitaria de realizar audiencias por medio de videoconferencias, y mantuvo las audiencias de modo presencial.
Según el digital “Montevideo Portal”, fundamentó que las videoconferencias en los juicios orales menoscababan la inmediación y la dirección del proceso, en una resolución fechada 20 de abril de 2021.
Durante sus actuaciones en pandemia, el jurista fue reacio a usar tapabocas en las audiencias, pero negó revelar si se vacunó contra el Covid 19 por tratarse de “datos personales”.

Antecedentes

En 1913 en Uruguay se reglamentó la ley que hizo obligatoria la vacunación contra la viruela, un mal que diezmaba a una población nacional indefensa y con escasísimos recursos higiénicos para hacer frente a una patología de infames consecuencias.
La norma pasó en 1911 por un acalorado debate parlamentario que venía de un largo año de polémicas públicas, y luego de fracasar rotundamente la aprobación en 1891 de una ley con similar espíritu.
Sin embargo, el tiempo le dio la razón a los que defendían su obligatoridad, ya que merced a campañas vacunatorias que se iniciaban desde el nacimiento de todos los niños del país, en 1978 la patología fue declarada extinguida en Uruguay, y dos años más tarde declarada mundialmente erradicada por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Desde entonces el país inició un exitoso programa de vacunación obligatoria contra diferentes males, que ha sido monitoreado por el MSP en su papel de “policía sanitaria nacional”.
Hubo decenas de epidemias de triste memoria, como la de la polionielitis de 1953 y 1954, que en 1955 obligó a suspender las clases en Secundaria durante dos meses, como parte de su profilaxis.
Sería algo aburrido, cuando no penoso, repasar todas las enfermedades infecciosas que las campañas masivas de vacunación en el país ayudaron a combatir.
Antes se entregaba a las personas inoculadas un carné de vacunación por una o varias dosis recibidas, pero en 1982 se unificó toda la información vacunal en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV), hoy incluido en los documentos de sanidad infantil.
Ese año se creó el Programa Nacional de Vacunaciones (PNV) y la Ley 15.272 estableció la obligatoriedad de vacunar contra ocho enfermedades prioritarias (a saber, tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, rubéola y paperas) de forma gratuita y universal.
El vigente Certificado Esquema de Vacunación (CEV) en la actualidad incluye 15 vacunas contra las principales enfermedades inmunoprevenibles, y todas ellas se inoculan antes de los 13 años de edad.
Ninguna de estas vacunas despertaron interés público por la formulación o sus componentes.
Además de existir la obligación desde 2005 de vacunar al personal de salud contra hepatitis B, lo que naturalmente excluye a los menores de 13 años, es muy probable que en breve sea obligatorio para las adolescentes vírgenes la vacunación contra el HPV, una enfermedad de transmisión sexual estrechamente vinculada con la aparición del carcinoma de cuello de útero.
La fundamentación de la resolución del juez Recarey ocupan 21 páginas, pero no tienen argumentos de naturaleza científica o médica, aunque si algo relativo a la higiene sanitara y bastante texto basado en doctrina jurídica de varios juristas locales.
La disposición del juez Recarey impide al MSP reanundar la vacunación a menores de 13 años, mientras no se elabore un texto para los responsables de los menores que se vacunen- “que informe completamente y con claridad acerca (…) de la composición de las sustancias inyectables”, los beneficios y los riesgos que conlleva la vacunación, junto a otros extremos técnicos.
Exigió además que no se reanude la vacunación hasta que no “se publiquen íntegros y sin testados todos los contratos de compra de estas vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallan la composición de las sustancias a inocular”.