En noviembre de 2019, previo a la realización del balotage que definiera quién sería el Presidente de todos los uruguayos, los cinco partidos políticos que integran la Coalición Republicana que nos gobierna, firmaban un acuerdo marco el que se denominó “Compromiso por el País”.

En el mismo se fijaron las principales líneas de acción del gobierno, para el caso de que la opción “Luis Lacalle Pou” fuera la triunfadora. En el apartado 4- ·Impulso al crecimiento: Desarrollo productivo y mejora de la competitividad”, entre otros puntos, se estableció como medida a ser tomada, la elaboración y puesta en marcha en forma progresiva, de un programa de desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Con visión logística y territorial que reduzca los costos asociados de transporte al mismo tiempo que actúe como generador de empleo.

En otro punto de dicho apartado del acuerdo otra de las medidas establecidas fue la de modificar el régimen de los proyectos de Participación Público Privada, las llamadas PPP, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir e incentivar un desempeño más ágil de los actores involucrados.

En este punto el lector se estará preguntando pero ¿qué tiene que ver, hoy, a más de dos años y medio de la firma de ese documento, hablar sobre lo que allí se acordó?

Justamente lo traemos a colación en estos tiempos, porque días pasados, las autoridades de gobierno correspondientes, dieron a conocer el Plan Nacional de Infraestructura Vial 2020-2025. El mayor Plan de obras de los últimos tiempos. Finalizado el quinquenio, se habrá realizado la mayor inversión en rutas y puentes de la historia de nuestro país, la que ascenderá a 3.300 millones de dólares.

El Sub Secretario de la cartera de Trasporte, Juan José Olaizola, en diálogo con Confidencial.uy, expresó que se pondrá énfasis en las rutas “transversales”, tradicionalmente relegadas por las radiales respecto de la capital del país. 

Olaizola también resaltó la inversión en infraestructura con la que se cerrará el presente año 2022, será un promedio de dos millones y medio de dólares por día, lo que totaliza en solo un año 905 millones de dólares. 

A nivel de rutas, el Vice Ministro destacó que de los 8.800 km de rutas existentes, 7.600 km serán intervenidos de una u otra forma, es decir obras de mantenimiento, cambio de estándar, resaltando los casi 650 km de obra nueva, 

El plan incluye obras en 227 puentes repartidos en 32 rutas en los 19 departamentos, ya sea ensanches, reforzado o puentes nuevos.

En materia de seguridad vial se invertirán 118 millones de dólares, lo que incluye la construcción de 110 rotondas, 11 intercambiadores y 71 kms de “terceras vías”.

Consultado acerca de cómo es posible este incremento de obras viales tan grande respecto de períodos anteriores, el jerarca respondió que son varias las razones por las que se explican los cambios. En primer lugar el gobierno y la Coalición Republicana está cumpliendo el compromiso asumido con la ciudadanía en la campaña electoral del año 2019 respecto de este tema. En segundo lugar el gobierno tiene especial preocupación por administrar eficaz y eficientemente los dineros públicos teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la infraestructura vial del país. 

En cuanto a la instrumentación de nuevos mecanismos financieros que permitan la realización del plan, Olaizola hizo especial hincapié en la utilización de un nuevo instrumento llamado contratos CREMAF (Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación).

El Vice Ministro expresó a Confidencia.uy, que los contratos CREMAF, es una nueva herramienta puesta en funcionamiento por el gobierno para financiar obras de infraestructura. Olaizola indicó que el llamado sistema de las PPP para financiar obras, era un procedimiento muy complejo. Con una ingeniería financiera compleja, con plazos muchos más largos, 20 años y más, el inversor traslada muchos riesgos a futuro incorporándolos al precio encareciendo las operaciones. Como ejemplo de la complejidad de la instrumentación de las PPP, mencionó lo ocurrido con la PPP 7 que es la doble vía de la ruta 3, desde la ruta 1 a la ruta 11; tuvo cinco años de trámites y se prevé que las obras duren dos años.

Por el contrario, el nuevo instrumento jurídico financiero que hoy empieza a utilizarse para la realización de obras, es más ágil, implica plazos más cortos, con montos más pequeños lo que permite que empresas naciones se puedan presentar sin tener la necesidad de asociarse a grandes empresas internacionales o a grandes grupos financieros.

Las obras son licitadas públicamente por tramos por la Corporación Vial del Uruguay (CVU), persona público de derecho privado, bajo las indicaciones técnicas del MTOP.

Los contratos CREMAF, la vedette del Plan de Obras de Infraestructura, establecen dos años para la realización de las obras y diez para su mantenimiento. Durante los dos años de ejecución, la empresa recibe Certificados por el valor del 70% del monto, completándose el 100% una vez finalizada. La financiación es a diez años y la empresa podrá presentar dichos certificados ante entidades financieras a efectos del financiamiento de los trabajos.

Por último el Sub Secretario Juan José Olaizola, hizo hincapié en lo que significa para el país esta gran inversión quinquenal materializada en grandes obras de infraestructura, que no solo dan trabajo a empresas y trabajadores uruguayos, sino que mejora las condiciones de competitividad del Uruguay, achicando costos a la producción y mejorando la eficacia y eficiencia en el transporte de bienes y personas.