Confidencial

El Frente Amplio ¿quiere regular las redes o aplicar la cultura de la cancelación a los disidentes?

Las actitudes desesperadas del FA en los últimos tiempos, en especial luego de perder las elecciones de octubre y noviembre de 2019 y el reciente referéndum contra la LUC de marzo de 2022, han provocado un cambio cualitativo en las relaciones políticas en el Uruguay entre el gobierno y la oposición. A la vez plantean interrogantes preocupantes ante las aparentes intenciones de la coalición de izquierda en relación a las redes sociales.

Hechos 14 de julio de 2022 Alfredo Lara Alfredo Lara
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No hay aceptación de las derrotas por parte de la dirigencia de la izquierda y eso se trasmite a su militancia, la más “intelectual”, vinculada a la Universidad de la República y al Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT, y la más combativa perteneciente a las bases del Partido Comunista, el MPP (MLN, Tupamaros) y la central sindical.

 Se ha instalado la percepción en el Frente Amplio, que las redes sociales fueron responsables en una gran medida de las derrotas sufridas. Las que muchos explican por la mala comunicación de sus gobiernos y el pésimo manejo de las redes por parte de la militancia y los comunicadores afines.

 Hay pistas que permiten adivinar esa preocupación de la izquierda. El cambio en la presidencia del Frente Amplio y su entrega al grupo de sindicalistas que controlan el PIT CNT, el discurso agresivo y descontrolado de Pereira, así como la reciente invitación al ex vicepresidente español Pablo Iglesias para dictar un seminario relativo al tema de la comunicación y las redes sociales.

 Desprestigiado y devaluado en su propio país, en el que tuvo que retirarse de la política tras la derrota aplastante ante Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Iglesias dirigió un seminario de formación y una charla a dirigentes y militantes de la izquierda sobre Comunicación Política y Redes sociales en la posverdad.

Esta iniciativa del nuevo presidente del Frente, Fernando Pereira, se suma a la feroz persecución y acoso en redes a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, ex integrante del Frente Amplio desde sus orígenes hasta 2013, cuando, decepcionada de los gobiernos del Frente, aceptó la convocatoria de Luis Lacalle Pou para acompañarlo en su carrera presidencial.

 Bianchi se ha convertido en el "cisne negro” de la política uruguaya. Plantea todos los temas urticantes y las críticas más descarnadas a la izquierda desde la posición de provenir de ella, y levanta un enorme malestar entre los dirigentes y la militancia del Frente Amplio, absolutamente desacostumbrados a ese tipo de ataques en un estilo similar al de ellos, que los tiene desconcertados, nerviosos y ha tomado ribetes de obsesión.

 A la vez despierta un importante apoyo de militantes y simpatizantes del resto del espectro político, cansados de las posturas políticamente correctas de la mayoría de los dirigentes de los partidos tradicionales, y deseosos de un discurso y una acción política contundentes que desenmascare el falso relato de la izquierda.  

 En su reciente intento de bloquear a Bianchi, la bancada de senadores frenteamplistas planteó en el ámbito del Senado la evaluación de sanciones a la senadora por un pedido de informes realizado sobre una docente y dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios de UTU, de quien tenía múltiples denuncias referidas a su actividad laboral.

 En realidad el tema, absolutamente "traído de los pelos", pareció ser la excusa para acosar, una vez más, a la senadora nacionalista, y enviar el mensaje a la militancia frenteamplista sobre continuar y profundizar la tarea de hostigamiento y acoso que se da vergonzosamente a través de “periodistas militantes” y redes sociales.

Lo más grave ha sido el reiterado planteo de dirigentes y legisladores de la izquierda, en especial los comunistas, sobre la “excesiva libertad” de las redes sociales, “en la que se puede decir cualquier cosa”. Las quejas locales sobre las redes coinciden con las expresadas por la izquierda del Foro de San Pablo en otros países y la declarada intención de controlar o regular lo que puede escribirse o decirse en las mismas.

No hace falta recordar que quienes hacen esos planteos que sugieren regulaciones o controles son admiradores de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde las redes sociales son severamente censuradas, y en algunos casos desconectadas.

La pregunta que muchos se hacen es, si el Frente Amplio, que se presenta como un partido republicano y demócrata pese a que su mayoría se define como marxista leninista, pretende regular las redes sociales e impulsar la "cultura de la cancelación" o el acoso, a todos aquellos que son críticos o disidentes de sus posturas ideológicas o políticas.

La conclusión lógica a esa pregunta que nadie responde con palabras, pero sí con acciones y discursos concretos que indican mentalidades totalitarias, es que no es posible decirse republicano y demócrata mientras se incurre en actitudes contrarias a la libertad de expresión y se apoyan gobiernos que violan descaradamente los derechos humanos de sus ciudadanos desde hace décadas.

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