El Gobierno uruguayo debería presentar una queja formal ante la ONU

Entre el 7 y el 14 de julio pasados, un equipo perteneciente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se hizo presente en nuestro país en misión oficial .
Según declaraciones realizadas por el director de la INDDHH, Wilder Tayler, dicho Grupo de Trabajo de Naciones Unidas fue creado por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU y se integra por cinco expertos independientes y tiene como principal cometido el ayudar a los familiares y a los gobiernos a establecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas.
Terminada su tarea en nuestro país, el Grupo de Trabajo de la ONU, expresa a través de un informe referente a la mencionada visita, que ha recibido información sobre desapariciones de niños, niñas y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales, así como la desaparición de niñas y mujeres relacionadas probablemente con casos de explotación sexual.
En virtud de esta grave manifestación efectuada por el Grupo de de Trabajo de la ONU, confidencial.uy se contactó con el Presidente del INAU, Dr. Pablo Abdala, quien nos manifestó su sorpresa y preocupación por dichas manifestaciones.
Pablo Abdala, indicó que ninguna persona perteneciente al equipo del Grupo de Trabajo de la ONU se contactó con ningún miembro del Directorio del INAU ni otros jerarcas del Organismo, que por otra parte es el encargado de entender en todo lo relativo a la niñez y adolescentes del país.
Asimismo expresó que incluso entre mayo y junio de este año, integrando una delegación del Gobierno, en su condición del Presidente del INAU compareció ante la Comisión contra la Tortura de la ONU y el Director de dicho Instituto Aldo Velázquez hizo lo propio en la Comisión de Derechos Humanos de dicha Organización Internacional, destacando que nada menos que en esos ámbitos no recibieron la más mínima referencia a los temas denunciados por el Grupo de Trabajo que visitó nuestro país.
De lo anterior queda claro la falta de profesionalidad y objetividad demostrada por este Grupo de Trabajo, que como se dirá está absolutamente politizado, prácticamente dando por ciertas versiones recibidas de organizaciones sociales políticamente contrarias a la Coalición Republicana, que corren a realizar este tipo de denuncias ante este Grupo de Trabajo, pero no lo hacen ante las autoridades correspondientes en nuestro país como lo es el INAU.
En una materia tan sensible como lo es la niñez y la adolescencia, el Grupo de expertos, que a esta altura, bien se le podría llamar en forma más adecuada “Grupo de militantes”, se hizo eco de una versión interesada y no fundamentada, diría Doña María y Don José, de un “chusmerío”, negándole al Estado su derecho de réplica al no consultar a quien debió hacerlo obligadamente, o sea al INAU.
Es absolutamente inadmisible, que un Grupo de Trabajo que responde a la ONU y en consecuencia a sus miembros, injurie de esta forma a uno de ellos como lo es el Estado Uruguayo prácticamente difamándole pública e internacionalmente.
También la misión de la ONU tomó nota de la "intención de ciertos sectores políticos" de "querer controlar y politizar" a la institución mediante la elección del nuevo consejo directivo. Haciendo un llamado a los parlamentarios para que la elección no afecte la independencia de la INDDHH y su tarea fundamental . Respecto de este tema ¿al Grupo de Trabajo “compañero”, nunca le llamó la atención que en la actual integración de dicha Institución hayan 4 integrantes de una notoria filiación partidaria determinada (Frente Amplio) y solo uno que no lo es? ¿Ahora que se viene el recambio de integrantes hace la advertencia?
Si estaremos en lo cierto cuando decimos que se trata de un “Grupo de Trabajo de Militantes”, que en otra parte de su informe expresa que el Estado sigue manteniendo una "deuda histórica" con las víctimas y sus familiares. Asumirla, es una tarea impostergable.
En otro pasaje afirma: "Es urgente que se adopte una política de Estado que involucre a todos los sectores políticos, que rompa el silencio y que contribuya a mejorar la obtención de información de fuentes humanas y documentales" , expresando que hasta hoy, no hubo en Uruguay un ejercicio amplio de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a los hechos que ocurrieron en el pasado reciente, y también sobre casos de desapariciones actuales.
Realmente esto nos parece un atrevimiento mayúsculo. Imputar todos estos cargos al Estado Uruguayo, después de todo lo que se ha hecho para esclarecer la situación de los desaparecidos en el Uruguay, es algo que no tiene nombre.
El Estado uruguayo, hizo mucho más de lo que jurídica y constitucionalmente debía hacer .No solo se violó indirectamente la Constitución cuando se derogó la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, a través de una ley declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, sino que las autoridades de gobierno frenteamplistas de la época, violaron el sagrado pronunciamiento popular expresado respecto de la vigencia de dicha ley, en dos oportunidades y con una diferencia de una generación entre uno y otro.
Lo peor de todo esto es que a pesar de estos atropellos jurídicos, no se ha logrado ningún avance en el esclarecimiento de los desaparecidos. A pesar de todas las prisiones decretadas, la mayoría violando principios básicos de nuestro derecho positivo y también del derecho internacional, solo se ha logrado eso, violentar nuestro Ordenamiento Jurídico, con lo cual visto los resultados de la sanción de la ley que derogó la ley de Caducidad, el Gobierno debería en forma urgente dejar sin efecto la ley inconstitucional , volviendo las cosas al lugar del cual nunca debieron salir.
Finalizando con el comentario del informe del Grupo “compañero” de Trabajo ¿qué más pretende que haga el Estado Uruguayo?
Realmente es inadmisible que el Estado uruguayo permanezca mudo ante tanta calumnia y mal trato a un Estado miembro, por parte de un grupo de personas, que entre otras cosas cobran suculentos viáticos de nuestras contribuciones económicas a la ONU, para descalificarnos y ensuciarnos internacionalmente y todo con una finalidad estrictamente política.
Fernando Caride Bianchi
Editor de Confidencial.