La actual conducción frenteamplista ve bien que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) pueda ordenar acciones al Parlamento de la República, le exija a la Corte Electoral que no atienda pronunciamientos populares que contradigan el relato de la izquierda, o le explique a la Suprema Corte de Justicia cuestiones de constitucionalidad.
Un grupo de trabajo dependiente de una oficina de Naciones Unidas le reclamó al Parlamento uruguayo que el organismo no modifique la actual orientación del INDDHH, con el recambio de autoridades próximo a votarse en el Legislativo.
Y por si faltaran datos que explicaran lo que se busca, el FA declaró esta semana que se opondrá a que los candidatos que fueron víctimas de la guerrilla puedan postular a la conducción del INDDHH.
Estos son algunos de los titulares que se leen en estos días, cuando se espera que en breve se produzca la elección de una nueva directiva de un organismo que ha generado fuertes controversias.
El problema no ha sido la defensa de los Derechos Humanos sino la actual orientación ultra de su conducción, favorable a que el país siga hundido en un cráter de odio y que la INDDHH sea un ariete vengador de aventureros de la violencia.
Este año se producirá la elección de la tercera directiva del INDDHH, un organismo asesor del Parlamento creado en 2008, durante el primer mandato de Tabaré Vázquez.
Sin embargo, el organismo se ha tomado potestades que no están previstas en su soporte legal, como la de mandatar, amonestar u ordenar rectificar las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo, actuando como si fuera un poder superior al Soberano, que en nuestro orden institucional, es el pueblo representado en el Parlamento.
Ese fue el caso de la reciente Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por una legítima mayoría del Parlamento y ratificada luego por el pueblo en las urnas, pero para el INDDHH ese texto no debía aprobarse porque de ocurrir, “se incorporaría una disposición regresiva a nuestro ordenamiento jurídico”, como indicó en uno de sus informes sobre la norma doblemente confirmada por la ciudadanía.
El abuso de funciones de este organismo fue de tal magnitud en ese caso, que contraviniendo la voz del pueblo que la dejó firme como ley, aseveró que la LUC era “inconstitucional” y que no debía aprobarse, en un herniario esfuerzo por demostrar que además de potestades parlamentarias, tiene también iguales competencias que la Suprema Corte de Justicia.
Como quien dice: si pasa, pasa.
Otro claro ejemplo del indebido intrusismo hasta ahora practicado por la INDDHH en otros institutos sobre los que no tiene ninguna soberanía, fue recordado hace unos pocos días en una sustancioso artículo escrito por el doctor Juan Andrés Ramírez.
“Recordemos un episodio lapidario. En 2019, cuando ya se encontraban contabilizadas las firmas necesarias para que procediera la consulta a la ciudadanía a través del plebiscito de la reforma constitucional conocida como “Vivir sin Miedo”, impulsada por el recordado Jorge Larrañaga, el Directorio de la INDDHH, emitió sendos informes, por mayoría, el día 17 de junio, y luego otro sin fecha, donde dio su opinión contraria a la misma. Hasta aquí, estaba en su derecho. Sin embargo, no se contentó con ello sino que fue mucho más allá y recomendó a la Corte Electoral que no le diera trámite a la reforma, abortándola, esto es, que no convocara a la ciudadanía para la votación. El fundamento fue que, a su criterio, las normas constitucionales proyectadas significaban una disminución de algunos derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que la Corte Electoral, no solo podía sino que debía impedir el plebiscito”.
Un párrafo más adelante, recordó que en ese informe el organismo aseveró: “En definitiva: La Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que el control de convencionalidad respecto a una norma referida a derechos humanos es responsabilidad de todo el aparato estatal dentro de su competencia, incluidos, especialmente los órganos que ejercen función jurisdiccional (como el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral). Por lo tanto, la materia que motiva este informe deriva en la necesidad de que el Estado uruguayo, a través de sus órganos competentes, se pronuncien en el momento de favorecer o no procedimientos de reforma constitucionales o legislativas que vulneren los derecho humanos recogidos por el Bloque de Constitucionalidad vigente”.
Y Ramírez concluyó: “Que quede claro: no se trataba del caso de una ley que vulnerara una norma de la Constitución y que por lo tanto se recomendaba su no aplicación, sino -lisa y llanamente- de impedir el ejercicio del Poder Constituyente que es el único poder del Estado a través del cual se expresa -directamente- el verdadero soberano, que es la Nación, y a quien -según indicaba la INDDHH- la Corte podía y debía censurar, impidiendo que reformara el texto de la Carta”
Entonces, este acumulador de potestades, este supremo censor sin rubor alguno de todo lo que le interpusiera la Constitución y la ley como freno, promovió en ese caso “un golpe de Estado técnico contra el máximo órgano, depositario de la soberanía nacional”.
Durante diez años la mayoría directiva del organismo fue de izquierda militante y combativa, pero este año existe la posibilidad de cambiar esa orientación ultraizquierda por una posición más moderada, capaz de acercar los bordes de la grieta que los radicales se esfuerzan en profundizar.
Pero a eso se oponen algunos interesados en eternizar el conflicto social.
El mandato que ahora se vota durará hasta 2027 y para el mismo postularon 27 aspirantes propuestos por varios legisladores y una treintena de organizaciones sociales.